Pretendiendo aquietar las aguas de la sospecha, Alberto Fernández en una entrevista afirmó que no creía en indultos o amnistías y que no tendrían lugar en su gobierno. Tratándose de un tema de tanta gravedad, parece un desmentido muy tibio. Todavía no salió a aclarar que las acusaciones a su jefa y a los presos de Ezeiza son por delitos comunes y no por razones políticas como repiten a coro quienes lo rodean.
Dado que la modestia nunca fue un atributo de C.F.K., y como nunca ha dado puntada sin hilo, no resulta disparatado pensar que ha puesto a A.F. como candidato a presidente para que, en una eventual victoria electoral, se inmole decretando el demandado indulto a los que no son otra cosa que ladrones del tesoro público.
A.F. disiparía sospechas si hiciera público un 
solemne compromiso de negarse a firmar cualquier posible dictamen del Parlamento en orden a una amnistía general y, en caso de que el Parlamento insistiera en su propósito, estar dispuesto a presentar su inmediata renuncia indeclinable. No se permitió la amnistía e impunidad a los militares, tampoco debería permitirse a los civiles, y exigimos certeza sobre esto.
La precaria salud de la Justicia argentina no soportaría una amnistía por delitos tan graves y con tantas consecuencias políticas, sociales, morales y económicas. Sería la muerte del estado de derecho y de la República.
Nota: Profesor Humberto Guglielmin