ESCRITO POR VALENTINA VIEGO
El plenario de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, que debía decidir el pasado 3 de julio sobre la venta de 14 hectáreas pertenecientes al predio de la Escuela de Agricultura y Ganadería y que se encuentra en cuarto intermedio hasta el viernes 12 a las 10:30, lo hizo desconociendo los alcances de una reglamentación clave del gobierno nacional. En agosto de 2012 el decreto 1382/12 del Poder Ejecutivo Nacional crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado, encargada no sólo de llevar un registro de los inmuebles que el sector público nacional posee o alquila en la actualidad, sino también de autorizar cualquier operación de adquisición o enajenación de inmuebles. Así, la UNS debería contar con la aprobación de esta agencia gubernamental antes de poder llevar a cabo el proyecto de venta impulsado por el rector Crapiste y sus aliados. Por otro lado, en su artículo 15, el decreto establece que los fondos producidos por la venta (previamente autorizada) de inmuebles deberán girarse al Tesoro Nacional, entendiendo con ello que dichos ingresos no pueden destinarse a gastos ni integrar el presupuesto universitario. En vista de ello la UNS no podría financiar la construcción de los edificios de Derecho y Computación proyectados, dado que los fondos de la venta ni siquiera ingresarían a sus propias arcas. Esta interpretación, que surge de la lectura del decreto, me fue confirmada directamente por el responsable actual de la Agencia nacional, Carlos Petresqui.
En el marco de la gran cantidad de imperiosas necesidades insatisfechas de la educación superior y de la UNS en particular, no estaríamos frente al aumento del presupuesto universitario, sino ante una transferencia de recursos de la UNS hacia las arcas del gobierno que, por otro lado, no ha demostrado precisamente vocación por defender la educación pública al aumentar el presupuesto sistemáticamente por detrás de la inflación. En el último año, incluso, directamente recortó el presupuesto de becas estudiantiles y el ingreso de decenas de becarios al Conicet.
De nuevo, la UNS no estaría entonces ante un “intercambio de activos” (Crapiste dixit) sino ante una enorme disminución de su patrimonio (12% de la superficie total y cercana al 18% si se considera la superficie utilizable). Se derrumba así el principal argumento esgrimido por las listas que apoyan la venta de la UNS.
Ante requerimientos de la comisión que analizó la venta sobre este asunto, el asesor letrado de la UNS informó verbalmente a dicha comisión y en base a su propia interpretación, que la UNS no estaba alcanzada por el decreto y que, por ende, la decisión de enajenación permanecería en el ámbito universitario. Sin embargo, tal como se desprende del artículo 2 del decreto en cuestión, quedan alcanzados todos los organismos del sector público nacional comprendidos en el artículo 8 de la ley 24156, que explícitamente incluye a las UUNN.
La lista Docentes en Acción se opone a la venta de tierras de la UNS como modalidad de financiamiento de la educación pública. En alguna medida el propio decreto nos da la razón al admitir en sus considerandos que las facultades de enajenación de las que gozan algunos organismos públicos «altera la naturaleza de sus misiones y funciones».
Según Petresqui, para que la UNS pueda disponer de la venta, debería, primero elevar una nota a la Agencia solicitando ser excluida del decreto y luego ésta debería expedirse favorable o negativamente según la solidez de los argumentos esgrimidos. Nada de esto ha sido gestionado todavía, a pesar de la premura del rectorado por forzar esta operación y en contra de la opinión mayoritaria de la comunidad universitaria.
POR UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA, GRATUITA Y FINANCIADA CON PRESUPUESTO ESTATAL
Nota de Solo Local: Valentina Viego integra la Lista Docentes en Acción