El Tribunal Superior de Kenia ha desestimado la solicitud de un grupo rastafari que pretendía legalizar el uso del cannabis con fines religiosos.
La comunidad rastafari había argumentado que la prohibición de fumar cannabis infringía sus derechos a la libertad de religión y de creencias, garantizados por la constitución.
En un fallo histórico, el juez Bahati Mwamuye afirmó que la comunidad no había logrado demostrar que las leyes sobre drogas violaran sus derechos constitucionales, pero reconoció la necesidad de un debate nacional más amplio sobre el cannabis.
En Kenia se ha mantenido un impulso constante para legalizar el cannabis, y sus defensores argumentan que su cultivo y comercio regulados podrían crear empleos, aumentar los ingresos fiscales y respaldar usos industriales y medicinales.
Según la Ley de Control de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Kenia, la posesión de cannabis sigue siendo un delito penal.
La persona condenada por posesión de cannabis exclusivamente para uso personal se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión o a una multa de hasta 800 dólares (600 libras esterlinas).
El cultivo de cannabis conlleva una multa de 1900 dólares o el triple del valor de mercado de las plantas, lo que sea mayor, y/o hasta 20 años de cárcel.
Se aplican penas más severas al tráfico de drogas y otros delitos relacionados con ellas.
En su petición, la Sociedad Rastafari de Kenia argumentó que el cannabis era un sacramento sagrado en su fe y solicitó permiso para que sus seguidores pudieran cultivarlo, poseerlo y usarlo en privado durante el culto sin temor a ser arrestados.
Sostuvo que no solicitaba la legalización total del cannabis, sino una exención limitada para fines religiosos en hogares privados y lugares de culto designados.
En su alegato, los rastafaris argumentaron que fumar cannabis forma parte de su doctrina religiosa, la cual debe ser respetada y defendida.
Pero el Estado se opuso a su petición, argumentando que crear una exención religiosa socavaría la aplicación de las leyes antidrogas de Kenia y podría crear lagunas para el tráfico ilegal de cannabis.
El juez Mwamuye también determinó que las pruebas presentadas sobre la importancia central del cannabis para la fe rastafari eran inconsistentes e insuficientes para establecer que su uso fuera un elemento esencial de la religión.
El juez ratificó la constitucionalidad de las leyes antidrogas que prohíben el cultivo, la posesión y el consumo de cannabis, asestando un duro golpe a la batalla legal de seis años que libraban los rastafaris.
El juez señaló que cualquier exención que permita el uso de cannabis con fines religiosos requeriría una sólida base constitucional y legal.
«Debemos tener conversaciones francas sobre el cannabis y qué rumbo debemos tomar», dijo el juez Mwamuye.
«Esta no es una cuestión que atañe únicamente a la comunidad rastafari. Es una cuestión nacional que afecta a todo el espectro de nuestra sociedad», añadió.
El abogado de la comunidad, Danstan Omari, dijo que apelarán la decisión del tribunal.
«Kenia no puede ser el único país que acosa al pueblo rastafari. Estamos decididos a revocar esa sentencia [judicial] y devolver la dignidad y el respeto a los rastafaris en Kenia», afirmó.
El fallo se produce siete años después de que otra sentencia del Tribunal Superior reconociera el rastafarismo como una religión protegida en Kenia, al considerar que la decisión de una escuela de expulsar a una estudiante por llevar rastas violaba sus derechos constitucionales.
Se desconoce el número de rastafaris en Kenia, pero se cree que el movimiento está creciendo, especialmente entre los jóvenes.
Su tradición de llevar rastas también guarda relación con la historia anticolonial de Kenia, ya que muchos de los combatientes Mau Mau que resistieron el dominio británico en la década de 1950 llevaban el pelo largo y enmarañado como símbolo de desafío.