Millones de trabajadores salieron a las calles de las principales ciudades españolas en una huelga nacional contra el aumento desorbitado de los alquileres y los precios de la vivienda, lo que ha provocado interrupciones en el transporte y el cierre de negocios en la cuarta economía más grande de la eurozona.
La multitudinaria protesta, bajo el lema «Salarios. Vivienda. Precios.», representa la primera huelga general en el país en 14 años y la primera motivada principalmente por el descontento ante el coste de la vida y la vivienda. Se produce en un momento en que el gobierno de izquierdas español intenta movilizar a los votantes de cara a las elecciones anticipadas de finales de este mes, enfrentándose a encuestas desfavorables.
Mientras tanto, los activistas por el derecho a la vivienda exigen una regulación más estricta de los derechos de los inquilinos y una mayor represión de la especulación inmobiliaria.
Las manifestaciones culminaron en grandes concentraciones en Madrid, Barcelona y otras ciudades. Los organizadores afirmaron que 400.000 personas abarrotaron las calles de Barcelona, mientras que las autoridades municipales cifraron la asistencia en 55.000, bajo una gran pancarta que rezaba: «Vive. No solo sobrevive».
En Madrid, las autoridades gubernamentales estimaron que 120.000 personas participaron a pesar de las fuertes lluvias.
Tras una manifestación pacífica en Barcelona, pequeños grupos de jóvenes manifestantes destrozaron escaparates de grandes marcas a lo largo del Paseo de Gracia. Se prendieron fuego a las fachadas de los comercios, se quemaron contenedores de basura y se lanzaron fuegos artificiales contra la policía antidisturbios, que acudió en furgonetas blindadas.
Un grupo de individuos encapuchados también intentó entrar por la fuerza en una tienda Apple en el centro de la ciudad.
A lo largo del día, los servicios de metro y autobús de Barcelona dejaron de funcionar fuera de las horas punta, lo que redujo significativamente el tráfico, aunque muchos pequeños comercios, como las cafeterías, permanecieron abiertos.
Sandra Mora, del sindicato de inquilinos de Madrid, declaró a la cadena RNE: “Es sumamente importante recordar a la gente que nosotros, los trabajadores —que también somos inquilinos o pagamos hipotecas— somos quienes tenemos el poder de paralizar la producción y detener la economía”.
Pepe Álvarez, líder del gran sindicato UGT, afirmó que hubo una participación «masiva» y que la huelga fue un éxito.
Carlos Ferrer, un empleado de atención al cliente de 45 años que intentaba regresar a Alicante en tren desde Barcelona, dijo que a veces solo «medidas radicales como una huelga general» pueden forzar un cambio de rumbo.
«Las autoridades necesitan sentir la presión de los ciudadanos para poder hacer algo», dijo.
En la capital, multitudes con paraguas llenaron el Paseo del Prado mientras la lluvia continuaba hasta la noche.
Almudena López, de 74 años, se unió a la protesta junto a su esposo, preocupada por sus hijos. «Mi hijo tiene 43 años y todavía no tiene casa propia porque no puede permitírsela», dijo López, explicando que su hijo trabajaba en informática pero solo podía alquilar una habitación en una vivienda compartida.
«Cuando era joven, si tenías un título universitario, podías conseguir un trabajo ahorrando un poco —lo cual siempre requería algún sacrificio—, pero podías arreglártelas. No tiene nada que ver con lo que es hoy en día.»
Aunque organizada por las dos principales federaciones sindicales de España, la huelga fue impulsada en gran medida por movimientos de base en defensa de la vivienda, formados predominantemente por jóvenes que se enfrentaban a problemas de vivienda.
“Esta huelga es contra los especuladores inmobiliarios, contra las grandes empresas que se enriquecen vendiendo propiedades y, por supuesto, contra todos los niveles de gobierno”, declaró a los periodistas en Madrid la activista ciudadana Valeria Racu.
«Estamos aquí para demostrar que tenemos la capacidad de marcar nuestra propia agenda y vamos a seguir haciéndolo sin importar quién gobierne.»
Los sindicatos declararon que la huelga fue un éxito rotundo, mientras que las organizaciones empresariales argumentaron que la participación fue mínima.
«La huelga ha superado las expectativas de los sindicatos», declaró Unai Sordo, secretario general de CCOO, uno de los dos principales sindicatos que impulsaron el paro en un país con 22 millones de trabajadores registrados.
CCOO y UGT informaron de interrupciones generalizadas en sectores industriales clave, afirmando que la actividad alcanzó el 90 por ciento en la fabricación de automóviles y los puertos, el 85 por ciento en el procesamiento de carne, el 82 por ciento en la recolección de residuos y el 75 por ciento en el sector energético. Las escuelas y universidades de todo el país también permanecieron cerradas.
Sin embargo, el principal grupo empresarial, CEOE, calificó la huelga de «fracaso» y estimó la participación general de los trabajadores en aproximadamente un 5 por ciento.
Tanto los sindicatos como los grupos empresariales reconocieron que la participación era notablemente mayor en la industria pesada y el transporte que en sectores como el comercio minorista y la hostelería.
El operador aeroportuario español AENA informó que aproximadamente el 5% de los vuelos en todo el país fueron cancelados el miércoles.
Durante las primeras horas de la huelga se produjeron incidentes aislados, entre ellos altercados entre piqueteros y policías cerca del principal mercado mayorista de Madrid, donde los agentes utilizaron gas pimienta.
La policía confirmó que 49 personas fueron arrestadas en todo el país por delitos relacionados con la huelga. Algunos medios locales informaron que las oficinas de las agencias inmobiliarias habían sido atacadas.
El precio medio de los alquileres en España casi se ha duplicado en la última década, lo que supone una grave carga para los presupuestos familiares y ha provocado indignación pública. Según el portal inmobiliario Idealista, el alquiler mensual de un piso de 50 m² en Madrid rondaba los 1.170 € en octubre. El salario bruto mensual medio en España es de unos 2.460 €.
La indignación estalló tras el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid el mes pasado. El posterior fallecimiento de la mujer, conocida públicamente como Maricarmen, la convirtió en un poderoso símbolo para los ciudadanos que luchan por acceder a una vivienda asequible.
Los activistas aprovecharon la indignación por la muerte de Maricarmen para convocar la huelga, consiguiendo rápidamente el apoyo sindical.
“Hemos paralizado completamente la ciudad”, declaró a Reuters un manifestante en Madrid, añadiendo que la huelga general contaba con un amplio apoyo.
“A pesar de la lluvia, todo el mundo está ahí fuera, todo el mundo está en las calles.”
Las asociaciones de vivienda exigen la renovación automática de los contratos de alquiler, junto con una mayor protección para los inquilinos, mientras que los sindicatos presionan para que se incremente la vivienda pública y se alcance un nuevo acuerdo sobre el salario mínimo nacional.
Tras los disturbios por el desahucio de Maricarmen, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, con la esperanza de mantener en el poder a su coalición de izquierdas. Sin embargo, su campaña sufrió un revés a finales de octubre cuando una colisión de trenes de alta velocidad, el segundo accidente ferroviario mortal en España este año, dejó 69 muertos.
El analista político Oriol Bartomeus sugirió que la huelga ofrecía una oportunidad para que el partido de Sánchez y sus aliados reorientaran el debate político.
«Los socialistas necesitan que la huelga sea un éxito y que no haya violencia para que la campaña electoral pueda volver a centrarse en la vivienda», dijo Bartomeus, profesor de ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sánchez mantuvo un perfil bajo el miércoles. A principios de semana, compartió un video en X en el que destacaba victorias sociales históricas como la semana laboral de 40 horas y el sistema de salud, describiéndolas como logros del movimiento obrero.
«No fue fácil, pero cambiaron España», dijo Sánchez, advirtiendo que los partidos de derecha reducirían la financiación de los servicios públicos si llegaban al poder.
Políticos de la oposición, pertenecientes al conservador Partido Popular y al ultraderechista partido Vox, acusaron a los sindicatos de haber organizado la huelga para apoyar la campaña de Sánchez.
«Este es un regalo de los sindicatos a sus partidos políticos durante la recta final de una campaña en la que está claro que la izquierda necesita toda la ayuda posible», declaró Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular.
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