La Marina ha despedido o destituido discretamente a varios oficiales de alto rango en los últimos meses, pero rompió con su práctica habitual de anunciar esos cambios, lo que provocó la oposición del Congreso.
Dos legisladores demócratas declararon el jueves que la Armada no informó al Congreso que el mes pasado despidió a todo el equipo directivo de un submarino de ataque de propulsión nuclear tras una colisión submarina. Por otra parte, en septiembre, la Armada destituyó al comandante de un destructor desplegado en Oriente Medio, según un funcionario de defensa que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados de personal.
El Dr. Brian Monahan, contralmirante de la Armada y médico del Congreso y del Tribunal Supremo, también abandonó su cargo durante una investigación de la Armada, sin ningún anuncio ni confirmación pública.
Las tres medidas suponen una ruptura con la política tradicional de la Armada de anunciar las destituciones de comandantes y otros altos cargos. Además, se producen en un contexto de creciente secretismo en torno a las operaciones militares, especialmente en Oriente Medio.
“Como resultado de la falta de comunicación por parte de la Armada, lo que debería haber sido un ejercicio estándar de intercambio de información ha generado dudas sobre el compromiso de la Armada con la transparencia y su compromiso con una relación de trabajo productiva con el Congreso”, escribieron los representantes Joe Courtney de Connecticut y Adam Smith de Washington en una carta dirigida a los líderes de la Armada.
Estos acontecimientos podrían dar pie a una polémica audiencia de confirmación la próxima semana para el secretario interino de la Marina, Hung Cao, en su intento por asumir de forma permanente el cargo de máximo responsable civil.
En una carta dirigida a Cao y al máximo oficial uniformado de la Armada, el almirante Daryl Caudle, Courtney y Smith expresaron su «profunda frustración» por el hecho de que la Armada no notificara al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes sobre el despido del comandante, el segundo al mando y el suboficial de mayor rango del submarino USS South Dakota.
La carta indica que fueron despedidos después de que el submarino chocara con algo en el lecho marino, pero la Armada no quiso hacer comentarios públicos al respecto.
La Armada también destituyó el 27 de septiembre a la comandante Caitlin Cunningham, comandante del destructor USS Michael Murphy, desplegado para apoyar las operaciones contra Irán, debido a una pérdida de confianza, según informó un funcionario de defensa. Cunningham llevaba menos de un año en el cargo.
Normalmente, la Marina anunciaría el despido de alguien como Cunningham en cuestión de días, pero la institución no hizo comentarios públicos ni siquiera cuando se le preguntó al respecto.
El jueves, el senador republicano Mike Rounds de Dakota del Sur y el senador demócrata Alex Padilla de California también confirmaron la salida de Monahan, el médico de cabecera del Congreso y de la Corte Suprema, pero proporcionaron pocos detalles adicionales.
La Armada ha abierto una investigación, según una persona familiarizada con la situación que no estaba autorizada a hablar del tema y que lo hizo bajo condición de anonimato.
Durante casi 18 años, Monahan ocupó el cargo más alto en la Oficina del Médico de Cabecera, que es responsable de brindar asistencia médica de emergencia a los miembros del Congreso y de la Corte Suprema, así como al personal del Congreso y a los visitantes.
Monahan aparecía en las noticias en ocasiones por hablar de temas como la salud del senador Mitch McConnell y por administrar una vacuna contra la COVID-19 a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Las restricciones a la divulgación de información por parte de las fuerzas armadas van más allá de la Marina.
El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones en Oriente Medio, ha divulgado pocos detalles sobre los recientes ataques limitados contra Irán y se ha negado a comentar o especificar los daños a las bases o al equipo, alegando generalmente la necesidad de garantizar la seguridad operativa.
Los principales proveedores de imágenes satelitales con contratos estadounidenses bloquearon o retrasaron la publicación de imágenes en la región a petición de funcionarios estadounidenses. Como resultado, se tardaron meses en determinar que los ataques con drones y misiles iraníes dañaron o destruyeron estructuras en 26 bases militares y otros emplazamientos con equipo estadounidense en la región, según un análisis de Associated Press.