Las autoridades filipinas han anunciado multas por valor de 1.760 millones de pesos (27,9 millones de dólares; 21 millones de libras esterlinas) a seis empresas por formar un «cártel de la cebolla» que provocó un aumento desorbitado del precio de esta hortaliza.
En 2022, el precio de las cebollas, un alimento básico en las cocinas filipinas, se disparó hasta alcanzar un récord de 800 pesos por kilo, superando el salario mínimo diario del país y el precio de la carne.
La crisis ejerció presión sobre el entonces recién elegido presidente Ferdinand Marcos Jr., quien había prometido reducir los crecientes precios de los alimentos.
La Comisión de Competencia de Filipinas (PCC) declaró el miércoles que la multa impuesta a las empresas, entre las que se incluyen importadoras de cebolla y empresas de almacenamiento y transporte, es la mayor desde su creación en 2016.
Durante meses, desde finales de 2022 hasta principios de 2023, las cebollas desaparecieron de las cartas de los restaurantes y se convirtieron en objeto de intentos de contrabando.
Esta hortaliza bulbosa incluso se convirtió en una especie de símbolo de estatus, habiéndose utilizado en al menos una ocasión como ramo de novia.
Las autoridades aprobaron la importación de emergencia de cebollas y Marcos prometió perseguir a los responsables de la escasez, afirmando que «hay filipinos muriendo de hambre y pobreza por culpa de lo que están haciendo».
La crisis terminó cuando las cosechas récord locales llegaron al mercado a finales de 2023 y los precios se estabilizaron.
Una comisión parlamentaria encargada de investigar la crisis de precios afirmó que un cártel estaba detrás del aumento «artificial» de los precios de la cebolla.
La PCC afirmó que las pruebas recabadas durante las redadas en las empresas demostraban que las seis compañías habían controlado colectivamente casi el 50% de todas las autorizaciones de importación de cebollas aprobadas en 2020 y 2021.
Según la comisión, las empresas estaban implicadas en un «plan ilegal de asignación de mercado en la importación, el almacenamiento en frío y la distribución mayorista».
La elevada multa demuestra un «compromiso para exigir responsabilidades a los cárteles en todos los sectores de la economía y proteger a los consumidores de los efectos perjudiciales de las prácticas anticompetitivas», declaró la PCC.
La comisión también indicó que los infractores podrían ser procesados penalmente por el Departamento de Justicia.