Luego de haberse producido la primera reunión informativa del «Plan Ganadero» que ha propuesto el Gobierno Nacional, desde Confederaciones Rurales Argentinas anunciamos que dejaremos ese espacio hasta tanto no haya una señal concreta que busque una solución efectiva y sostenida en el tiempo, por lo que comenzar a trabajar con las exportaciones cerradas, constituye una traba insalvable.
El principal incentivo a producir es la demanda. Si se intervienen y cierras las exportaciones se corta una parte importante de la misma, quitando la principal motivación a producir e invertir. En este contexto poco sentido tiene un espacio de trabajo que no respete este principio esencial de toda producción sostenida.
No estamos haciendo el planteo de una hipótesis, sino que ya como país lo hemos visto con las intervenciones anteriores que le costaron a la cadena productiva y a toda la Argentina más de 17.000 empleos directos y 65.000 indirectos, empleo privado, genuino y en territorio.
Sin respetar la demanda, se pierde mercado, clientes, reputación y fracasa toda la cadena cárnica, con especial afectación al productor primario. Nadie invierte en un contexto de incertidumbre.
Un plan ganadero profundo, sostenido en el tiempo y con respaldo de ley, es más que bienvenido por el sector productivo, pero en un contexto de apertura de mercados, no con un contexto de cierre de exportaciones.
Hemos sido ignorados en las negociaciones que culminaron con la continuidad, morigerada, del cierre de exportaciones, no queremos volver a generarles a nuestros asociados la ilusión de un plan ganadero, si desde el principio empezamos errando el diagnóstico.
El problema de la carne no es de abastecimiento, sino que es de acceso.
Argentina produce 3,2 millones de toneladas de carne bovina, de las cuales se exportan 900 mil y los argentinos consumen 2,3 millones. A esto se suman casi 3 millones de toneladas de carne de pollo y cerdo. Lo que hace que Argentina esté en el podio de los mayores consumidores per cápita a nivel mundial de carne bovina, en particular, y de carnes, en general.
El problema de la carne tampoco es de precio, sino de poder adquisitivo. En Argentina la carne es más barata que en los países vecinos y hasta 80% más barata que en Europa. Lo que sucede es que los argentinos han tenido una pérdida de poder adquisitivo, que se refleja en una caída del 20% el salario real, en los últimos tres años.
Esto genera que, así como a los argentinos nos cuesta pagar la carne, también nos cueste pagar nafta, vestimenta y cualquier otro producto que necesitemos consumir.
Por este motivo, las medidas para solucionar este problema deberían estar concentradas en reducir la inflación, que sus causas están más relacionadas a la emisión monetaria y a un programa económico que genere confianza que al precio de la carne, que no es más que una consecuencia.
Siempre tropezamos con la «misma piedra»
El día martes 22 de junio el Gobierno Nacional convocó a una reunión vinculada al tratamiento del cierre de las exportaciones de carne y a las nuevas medidas a instrumentar en ese sentido.
La invitación a Confederaciones Rurales Argentinas -aunque informal- ofrecía la posibilidad de una reunión previa, en conjunto con la llamada Mesa de las Carnes y la Comisión de Enlace para definir acciones a futuro, luego de haber sido dejado fuera de la negociación hasta esa convocatoria.
Sopesando el contexto y a riesgo de parecer ingenuos decidimos concurrir, a pesar de que por los medios informativos ya se adelantaban supuestas medidas que impactarían destruyendo miles de puestos de trabajo.
Fuimos, en definitiva, con el ánimo de aportar propuestas que evitaran avanzar con la pésima medida de cerrar exportaciones y evitar sus perjudiciales consecuencias, esperanzados en que el Gobierno revea la medida y tome las mejores decisiones – no para un grupo de poder o atendiendo a la coyuntura electoral- sino para la Argentina en su conjunto.
Rápidamente esa reunión se convirtió en una nueva desilusión dado que se insiste en castigar una vez más al sector primario, que es quien resigna el precio de su producto para que el Estado -sin ningún esfuerzo- distribuya carne a precios especiales.
Queda claro que el Gobierno ya tenía decidido continuar con las exportaciones cerradas, siendo la única novedad una alquimia de porcentuales para liberar una parte de las mismas, que en definitiva se traduce en menor precio para el productor. En esa reunión se nos ofreció participar en la confección de un plan ganadero. Cabe recordar que llevamos muchos años con incumplidas promesas como para saber que un plan ganadero realizable, eficaz y serio nace del acuerdo político que lo haga sustentable en el tiempo y previsible para quien se dispone a invertir.
Es más que evidente la contradicción entre pretender un plan a futuro con un presente de exportaciones cerradas, y vigente esta contradicción carece de sentido cualquier reunión donde el eje no sea atender los legítimos reclamos del sector productivo, considerado éste en su sentido más abarcativo. No es el precio de la carne el que genera la inflación que nos complica desde hace décadas.
Afirmar lo contrario supone una mirada maniquea de la realidad. El gobierno sostiene un plan económico que genera falta de trabajo y caída del poder de compra de la sociedad, no sólo en el rubro alimentos sino en la totalidad de los bienes y servicios. Dicho de otro modo, los precios de los alimentos resultan altos cuando la caída de ingresos y fuentes de trabajo constituyen la verdadera causa del desequilibrio. Una rápida comparación con los países vecinos nos permite ver con claridad nuestro problema interno.
Rechazamos enfáticamente una vez más el esquema de exportaciones dispuesto, firmes en nuestra convicción de que será ineficaz y perjudicará a toda la cadena cárnica, sin resultados ciertos y duraderos en el precio en mostrador de la carne. En el tiempo quedó harto demostrado el fracaso de la receta de cierres, cupos y retenciones, y el costo de ese fracaso siempre lo pagaron los extremos de la cadena, productor y consumidor.
Un nuevo revés implicaría la descapitalización del sector, la pérdida de mercados y la consiguiente destrucción de toda la cadena cárnica. Lamentamos ser llevados a una confrontación, pero es necesario poner en conocimiento general que los productores y sus entidades gremiales defenderán el derecho de trabajar, comerciar y percibir el precio justo de su producción.
En un gesto de comprensión, el Gobierno podría revisar su presión impositiva sobre toda la cadena como un modo de abaratar el precio de la carne y así poder cumplir su promesa electoral. Seguimos dispuestos al diálogo que posibilite encontrar soluciones de conjunto, pero para ello también se necesita que los gobernantes pongan punto final a su inoperancia y dejen de lado su prejuicio ideológico.
Si esto no ocurre, seguramente muy lejos estarán las soluciones.
Nota: Prensa CRA