Así lo expreso Hernan Zerneri, presidente de la «Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto» (cuyo nombre de la asociación, se lo debe al escape de cloro mas grande en nuestra ciudad). Gustavo Favata y Sabrina Asnes, periodistas de 103.9 Radio Continental Bahía Blanca, lo entrevistaron para el para el programa «Noticias al Mediodía» y preocupado por la desidia ambiental de nuestros gobernantes locales, Hernan Zerneri esto expreso:
GF: – Hemos visto una publicación suya donde habla sobre la posibilidad de que el Municipio, postergue o extienda las reuniones entre 15 y 30 días con el CTE. ¿Por qué esto?
HZ: – Hemos hablado con el coordinador del Comité Técnico Ejecutivo y el nos menciona de que hay un cierto ambiente de paz en la relación y el vínculo con las industrias, de que no ha habido incidentes en los últimos meses y que según ellos, amerita que el Comité de Control y Monitoreo funcione ya no con un régimen habitual y con una frecuencia habitual de reuniones cada 15 días, sino que las mismas se harán en adelante una vez por mes, digamos, cada 30 días.
Si bien nosotros entendemos que el fruto del trabajo del Comité Técnico ha generado un poco que las industrias se ajusten en algunos aspectos y es verdad que hay menos incidentes que antes, hay otros problemas y otro tipo de situaciones que entendemos nosotros, deben ser planteadas en el Comité de Control y Monitoreo y sin embargo, ya es una decisión tomada y esto va a suceder de todas formas. Se van a ampliar las frecuencias de estas reuniones y solamente nos vamos a poder ver las caras una vez por mes y si es que hay quórum. Porque este es otro de los problemas que arrastra y acarrea el CCYM, en el cual, muchas de las instituciones que lo integran la verdad es que no se comprometen con el organismo. Resulta ser que van bastante poco y bueno, esto es una cuestión que se retroalimenta, es un círculo vicioso. Si desde la Municipalidad no se genera una agenda de discusión, se traslada por lo tanto, esa obligación de llevar temas al seno del organismo por parte de las instituciones que lo integramos. Y si bien nosotros tenemos temas para discutir, no todas sienten que es una obligación de cada institución llevar temas para poder discutir. Entonces, si desde el Municipio no se generan ámbitos de discusión, tiende a desaparecer el Comité de Control y Monitoreo; y esto es una muestra de eso.
Básicamente, ya el primer paso es hacer que estas reuniones funcionen cada 30 días y luego cuando no se genere el quórum, directamente de las 12 reuniones programadas se va a concesionar en muchas menos. Esto implica también que el CCYM, por lo tanto, como organismo creado por ley, tenga cada vez menos injerencia en el asesoramiento que debe tener como organismo de control en cuanto a las políticas estatales que se ejercen sobre las industrias del Polo Petroquímico. Esto es ese círculo vicioso que yo te comentaba recién en el cual estamos ingresando y que si no se mantiene un poco viva la llama del organismo, tiende a desaparecer y por lo tanto, a desaparecer también un ámbito de contención de las instituciones.
Vos sabes muy bien Gustavo, porque seguís el tema ambiental desde hace muchos años, de que a veces tenemos algunos meses donde no ocurre demasiado, donde no hay incidentes, ni tampoco sobresaltos en la población y de repente, tenemos la explosión de un reactor o tenemos una estampida por parte de la Termoeléctrica, o hay una pequeña fuga en Profertil y eso vuelve a despertar la llama, y las instituciones, cada vez tienen menos espacio en dónde llevar el reclamo, dónde discutir, no solamente llevar el reclamo para que lo estudie el Municipio, sino también sentarse y discutir cual debe ser la política que hay que implementar en cuanto al control de las industrias.
Todos hemos trabajado durante casi 20 años para aceitar un modelo de control, que la verdad, es ejemplo en todo el país y lo hemos hecho con disensos internos, lo hemos hecho prestando tiempo de nuestras vidas como para que esto le quede a la comunidad de Ingeniero White y de Bahía Blanca y lo cierto es que cuando uno empieza a ver que del otro lado hay un desinterés por parte del Estado de que las instituciones participen de estas políticas de control, esto no solamente tiende a que el CCYM desaparezca, sino que el Comité Técnico Ejecutivo se va a convertir en un oficina municipal clásica, con un función técnica y sin la preponderancia que le hemos dado nosotros como instituciones durante tantos años.
Es un llamado de atención, una preocupación que tenemos. En próximos días que es la reunión del Comité de Control y Monitoreo, lo vamos a plantear porque creo que es algo que debería revisarse; como también debería revisarse el rol que cumplen las instituciones dentro del CCYM y el compromiso que hay que tener para mantener este organismo vivo.
GF: – ¿Esto sucedió a partir de este Gobierno, de estos últimos 4 años?
HZ: – Lo cierto es que esto se concreta ahora, no es la primera vez que hay un intento de querer que el CCYM tenga menos participación en el tema, pero lo concreto es que recién ahora esto se puede llevar a cabo y se impulsa desde el propio Municipio.
Pero bueno, como te decía recién, es un tema que creo que lo tenemos que discutir primero puertas adentro en el organismo y ver si todas las instituciones están de acuerdo o no con esta política de sesionar cada 30 días y en función de ello y si fuera de esta forma, creo que tendría que estar el compromiso de todas las instituciones de hacer efectivas estas reuniones, de generar temarios amplios y no que sea solamente un trámite para cumplimentar con lo que establece la Ley 12530 y sesionar una vez por mes ir a las 9 AM y a las 11 ya estar en casa devuelta.
Me parece que hay que tomarse en serio esto, porque con este tema de las reuniones espaciadas y la falta o ausencia de quórum, han sucedido algunos hechos, inclusive durante el receso de verano, en el cual se deja de sesionar y se arranca en el mes de marzo, han sucedido algunos hechos que luego no pueden ser abordados o son abordados a destiempo en las reuniones y la verdad, que no es el espíritu de lo que se intentó hacer a partir del año 2001. Todo lo contrario, creo que las instituciones que fueron invitadas a participar del CCYM, se concretó de esta forma y se llevó a cabo de esta forma porque se sintió que había un compromiso de las instituciones de participar en esta política de gestión y además, porque como te decía hoy, no deja de ser un ámbito de contención, si el CCYM no existe o deja de tener importancia, pueden suceder algunas situaciones complicadas, como fue en su momento el conflicto con los pescadores, o los estudios en la Ría que tiene que haber un ámbito normal de discusión para estos temas, porque sino dejan de haber ámbitos en los cuales puedan mejorarse esas políticas y se deja en manos de muy pocas personas las decisiones en cuanto al futuro de estas cuestiones ambientales.
NDR: Cabe destacar que Hernan Zerneri fue uno de los pocos profesionales que informo a los ciudadanos en el 2015 sobre la Explosión en DOW. Citaba textual:
«No es la primera vez que tenemos explosiones provenientes de Dow. La última fue muy grande y tuvieron fuera de servicio un reactor más de un año. Y ahora ésta.
Mientras tanto, proponen desde el Municipio extender la frecuencia de las reuniones del Comité de Control y Monitoreo, pasando de 15 a 30 días. Es decir, una por mes.
Minimizar el contacto con la sociedad no es la solución. No atender las instituciones, tampoco. Ese es el camino de la regresión.
https://www.lanueva.com/nota/2015-11-3-14-51-0-se-produjo-una-explosion-en-una-planta-del-polo-petroquimico-reportaron-3-heridos?fbclid=IwAR2dzOv-PIMDzDEeovPPH6KHxqwnyido09GohAn6_vIkgkrfAsYOgh4dBeo
El Polo Petroquímico: Peligro en Bahía Blanca (Nota La Tecla.info)
El Polo Petroquímico de Bahía Blanca -uno de los más grandes del país- está ubicado en la localidad portuaria de Ingeniero White, que tiene una población de 12 mil habitantes, y está a escasos 10 Km del centro urbano bahiense. Una distancia demasiado corta tomando en cuenta que esos complejos con alta peligrosidad ambiental deberían situarse como mínimo a 100 kilómetros de las zonas urbanas.
Está compuesto por tres tipos de industrias: la petrolera, la petroquímica, y la química. Las firmas más importantes que lo integran son PPB Polisur, propiedad de Dow Chemical Company, que produce etileno y polietileno; Compañía Mega -una sociedad anónima cuyos accionistas son YPF SA, Petrobras y Dow Argentina- que también genera etileno, materia prima de polietilenos y PVC; Profertil SA – integrada por Repsol-YPF SA y Agrium Inc.- que produce urea granulada y amoníaco líquido; y Solvay Indupa, que produce PVC.
Estas empresas, que aportan a la economía bahiense unos $ 125 millones anuales, y que generan ganancias anuales de 2.200 millones de pesos, les cobran al conjunto de la sociedad altos costos. Es que los $ 5 millones de pesos que pagan en concepto de tasa ambiental, no pueden equilibrar ni saldar los daños que causan diariamente y son irreparables en el medio ambiente, según diversos especialistas consultados por Desafío.
Primero, las consecuencias se percibieron en el aire. Bahía Blanca fue escenario de escapes de sustancias tóxicas que solo por cuestiones de azar no acabaron en catástrofes. Y hace poco se sumó la consecuencia marítima: debido a la gran cantidad de afluentes que las empresas arrojan a la ría, los pescadores están viendo amenazada la actividad que desarrollaron durante años y que históricamente definió a Ingeniero White. Este año, los análisis realizados por los laboratorios más prestigiosos confirmaron que la poca fauna marina que sobrevive en la ría tiene altísimos niveles de sustancias químicas.
Lo llamativo es que el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable) asegura que la contaminación es mínima y que la pesca se puede seguir desarrollando. Además de ese organismo de control provincial, existen otros municipales que frecuentemente se enfrentan con los intereses provinciales. Y mientras ello ocurre, los bahienses aprendieron a convivir con dos realidades: la oficial, para la cual no hay peligros en la salud de los habitantes, ni en el ambiente, y la otra. Esa que, lamentablemente, padecen a diario.
Los daños ambientales
Numerosas denuncias de asociaciones ambientalistas se vienen registrando desde hace décadas. Tienen argumentos: los estudios que confirman los altos niveles de contaminación abundan, y se suman a las ingratas experiencias que ya vivió la comunidad de Bahía Blanca y con cuyo peligro se está habituando a convivir.
Pese a que desde 1995, las industrias del Polo Petroquímico trabajan con el programa de seguridad y emergencias Apell, los procedimientos de ese sistema no pudieron evitar hechos que aún guarda la memoria colectiva.
El más grave ocurrió el 20 de agosto de 2000. Se trató de un escape de cloro en la Planta Solvay Indupa por un período de 25 minutos y con ello, la formación de una inmensa nube de cloro, a la que afortunadamente el viento llevó en dirección al mar. Si el azar hacía que ese día el viento sople en otra dirección, como lo hace habitualmente, Bahía Blanca todavía estaría padeciendo las consecuencias de la catástrofe que podría haber generado. Fue la suerte la que hizo que no haya que evacuar a la población, aunque no pudo evitar que se registren personas afectadas. Hasta las máximas autoridades de la empresa reconocieron que la nube tuvo características tóxicas y altamente peligrosas.
Ese hecho marcó un punto de inflexión en la conciencia ambiental de la sociedad. Y fue el puntapié que motivó la conformación de varias asociaciones ecologistas y la creación de organismos de control y hasta de una ley que “regule” la contaminación.
Pero eso no es todo. Cuando la gente todavía no alcanzaba a salir de su asombro, y a tan solo 8 días de ese accidente, se produjo un escape de amoníaco en la empresa Profertil.
Las consecuencias otra vez las pagó la gente. Hubo decenas de hospitalizados por la inhalación de la sustancia. La secretaría de Política Ambiental de la Provincia clausuró la empresa por unos días, y cuando la volvió a abrir, el accidente se reiteró. Y otra vez, hubo personas internadas.
Esos escapes de sustancias fueron los más graves, pero según la organización ambientalista 20 de Agosto -cuyo nombre se lo debe al escape de cloro-, solo en los siguientes cinco años se produjeron otros 30 incidentes de conocimiento público, aunque con consecuencias menos graves. Y si bien la cifra mermó, siguen ocurriendo en la actualidad.
A la contaminación del aire, se le suma la del agua. Ya en 1999, un informe de Greenpeace denunció la presencia de desechos industriales en la ría. Allí encontraron una concentración de mercurio 300 veces superior a lo permitido por las normas vigentes, y detectaron la presencia de plomo, clorobencenos, hidrocarburos aromáticos y cadmio. Pero las consecuencias de arrojar esos desechos recién se empezaron a percibir este año cuando los pescadores no encontraron más riqueza ictícola en la ría debido al alto grado de contaminación.
Lo llamativo es que no solo se tuvieron que enfrentar con esa cruda realidad, la de la pérdida de una fuente de trabajo que alimentó a varias generaciones de cada familia, sino también con la burocracia oficial que se empeñaba en negarla.
Para fundamentar la falta de peces en la contaminación, la Cámara de Pescadores Artesanales de Ingeniero White realizó este año un análisis del agua con el laboratorio Fares Taie Institutos, con sede en Mar del Plata. Esos estudios confirmaron la presencia de metales pesados, con niveles de plomo que superan entre 30 y 40 veces los que fija la ley 24.051, y entre 70 y 100 lo que toleran los parámetros internacionales. Pero, esos estudios no fueron reconocidos por la OPDS.
Ese organismo efectuó los mismos análisis, pero en esas muestran aseguran que no encontraron indicios de contaminación. Eso bastó para que José Molina, responsable del OPDS, desestimara las reiteradas denuncias de los pescadores y para que la Gobernación de la provincia de Buenos Aires levantara la veda de pesca.
Pese a que para los organismos provinciales no hay problemas en la ría bahiense, los pescadores hoy vuelven cada día con los barcos vacíos, sin lograr capturas que les permitan cubrir los costos. Y si lo hacen, tienen que lidiar con su propia conciencia por saber a ciencia cierta que esa fauna está contaminada.
Más reclamos
A esos reclamos se suman otros que padecen los bahienses, y principalmente, los vecinos de Ingeniero White. Pese a que abundan los testimonios y los informes periodísticos que aseguran que el porcentaje de enfermos de cáncer en las zonas próximas al Polo son altísimos, ninguno de estos casos se ven materializados en las cifras oficiales. Un estudio convocado por la Municipalidad de Bahía Blanca y realizado por el Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” de Mar del Plata, analizaba los casos de cáncer registrados en el período 1989-2002 comparando el área petroquímica y otras zonas más alejadas del radio urbano bahiense. El resultado: no se confirmaba un incremento en los riesgos de cáncer en comparación con el resto de Bahía Blanca.
Pese a ello, el doctor Carlos Carignano, del área de Epidemiología Ambiental de la Municipalidad, aseguró a los medios locales que en Ingeniero White hay más enfermedades respiratorias de tipo inflamatorio que en cualquier otra zona.
A eso se suman los perjuicios habitacionales que ahora tienen los vecinos de Ingeniero White. Los valores de las propiedades descendieron abruptamente, ya que nadie quiere comprar una casa que tiene como paisaje permanente una nube negra que emana de las chimeneas del Polo, ni convivir con los ruidos permanentes que producen las industrias. Ni mucho menos, naturalizar la convivencia con un plan de evacuación, por si ocurre alguna eventualidad en las plantas petroquímicas. Y así como nadie quiere comprar, nadie las puede vender.
Los controles
El escape de cloro del 2000 generó una redefinición de la política ambiental y la sanción de la ley provincial 12.530, que trasladó el control al municipio bahiense y creó el programa especial para la Preservación y Optimización de la Calidad ambiental, cuyo ámbito de aplicación es el Polo Petroquímico y la zona portuaria.
Este programa establece dos organismos encargados de monitorear la contaminación: el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) y el de Control y Monitoreo, integrado por representantes de universidades, gremios y organizaciones sociales. Hoy, el CTE reconoce que más allá de los controles estrictos que ejerce el organismo existe una contaminación del ambiente y de la ría que consideran “inevitable”.
Lo llamativo, o paradójico por lo menos, es que el CTE se financia con recursos que aportan las mismas empresas en concepto de tasa ambiental. Una suerte de impuesto que oficia de permiso para contaminar.
Además de ese comité, la ley establece el funcionamiento del Comité de Control y Monitoreo, organismo consultivo y de asesoramiento integrado por Organizaciones no Gubernamentales, Sociedades de Fomento, Universidades, Organizaciones Ecologistas, secretaría de Política Ambiental y Municipalidad de Bahía Blanca.
También está el OPDS, que pese a su actitud poco inquisitiva con las industrias, tiene las facultades de evaluación de las infracciones y sanciones, en el caso de que sean pertinentes. Por otra parte tramitan y, si corresponde, renuevan los certificados de aptitud ambiental y los permisos de descarga de emisiones gaseosas a la atmósfera. Según el caso, se acercan hasta Bahía Blanca para efectuar monitoreos en el estuario bahiense y controlan el cumplimiento de las empresas respecto a la generación de residuos peligrosos y aparatos sometidos a presión, entre otras cosas. En poco tiempo estará habilitada en Bahía Blanca una oficina de este organismo para tener una presencia más cercana con el foco de industrias contaminantes, quizás un vínculo más estrecho con la realidad no oficial.
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Foto: La Nueva