¿Puede la senadora Diana Larraburu integrar un “jury” contra el juez Ares?

AL BORDE DE UN PELIGROSO DISPARATE JURÍDICO

Nota completa el viernes en kioscos – escribe equipo periodístico Atico –

Al anunciarse la integración del posible tribunal de enjuiciamiento contra el magistrado local José Luis Ares, valorado por muchos tanto por su corrección como por su férrea oposición a las injerencias de la política en la Justicia, sorprendió (para mal) la presencia de una legisladora bahiense en la nómina.

A lo disparatado y alevoso que a muchos observadores del acontecer judicial local les sonó el pedido de juicio político contra el juez José Luis Ares impulsado por el fiscal general Juan Pablo Fernández, en los últimos días, sorprendió la posibilidad que en caso de conformarse efectivamente un tribunal de enjuiciamiento pueda contar entre sus integrantes con la senadora provincial bahiense Diana Larraburu.

Según pudo averiguar ÁTICO, por una cuestión de “elemental decoro”, los legisladores pertenecientes a determinado departamento judicial suelen excusarse “en forma instantánea y en simultáneo con su designación” de intervenir en instancias de juzgamiento de magistrados provenientes de la misma zona.

Sin embargo, hasta aquí, una actitud de esta naturaleza no fue tomada por la abogada bahiense, prima hemana del dirigente político Dámaso Larraburu.

Si bien algunos especialistas en la materia indicaron que lo más probable es que la senadora bahiense se termine excusando, otros, conocedores de “los bueyes con que se ara” en esta cuestión, no descartaron que se esté en vísperas de un escándalo sin antecedentes en la historia judicial bonaerense.

“Si a alguien le decían que Juan Pablo Fernández sería capaz de mandarse con semejante barbaridad, tampoco lo hubiera creído y sin embargo, así estamos”, comparó un destacado integrante del foro local, adscripto, según sus propias palabras, al “club de los desencantados a los que ya nada los sorprende”.

Históricamente, Ares, se ha caracterizado por delimitar su independencia del poder político y denunciar hasta donde pudo la injerencia de los oficialismos en la designación de jueces y fiscales.

En ese sentido, el caso del fiscal general Juan Pablo Fernández, otrora militante justicialista, resulta emblemático ya que a nadie escapa su muy estrecha relación con el que fuera su jefe político, Dámaso Larraburu, quien habría impulsado su nombramiento al frente del denominado “Ministerio Público”.

Pese a que en reiteradas ocasiones, el propio Larraburu, calificó como “uno de los tantos mitos bahienses” su supuesta influencia en los nombramientos de una cantidad importante de magistrados que actúan en la Justicia local, al respecto, la misma fuente consultada recordó en tono jocoso aquello de que “nadie cree en las brujas, pero que las hay, las hay”.

En este caso, además del aludido “elemental decoro” hay una clara comprensión de lo que se denominan “generales de la ley”, ya que en un escrito de su autoría (en febrero de 2011), el juez Ares mencionó directamente con nombre y apellido a Dámaso Larraburu como a alguien “de nefasta y omnipresente presencia en los nombramientos del poder judicial”, por lo que, bajo ningún concepto, en nombre del más básico principio de imparcialidad, podría aceptarse que una parienta muy cercana suya –puesta a dedo por él en una senaduría—integre un tribunal que evalúe la actuación de Ares.

Más allá de que el sentido común parecería indicar que no hay elementos contundentes que avalen la denuncia de Fernández contra Ares y todo parecería responder a un marcado encono personal del primero para con el segundo, lo cierto es que si Diana Larraburu no cumpliera con la usanza de que los legisladores de una ciudad jamás intervienen en un jury contra jueces de la misma procedencia, se estaría generando un muy peligroso antecedente que haría retroceder varios casilleros la lenta marcha hacia una justicia lo más independiente posible del poder de turno.

Así las cosas, definida la integración del tribunal de enjuiciamiento en los últimos días, este proceso debería continuar con una audiencia cuya fecha será fijada por el titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y presidente de este cuerpo especial, Eduardo Néstor de Lázzari.
Se aclaró que una decisión al respecto no obedece a la habitual cronología de los casos abiertos, por lo cual podría tomarse tanto en un plazo de días como de meses.

En ese acto, el tribunal designado tendrá que evaluar si prospera o no el pedido de remoción de Ares por parte del fiscal general de nuestra ciudad, Juan Pablo Fernández.
Fernández imputó a Ares de «usurpar» facultades de la fiscalía en algunas causas judiciales que tuvo a su cargo.
El jury, según lo marca la ley 13.661, fue integrado por cinco conjueces abogados y cinco legisladores.
Los letrados son Hugo Rubén Galderisi (Lomas de Zamora), Manuel Martín Gutiérrez (Morón), Ricardo Arturo Fabris (San Isidro), Augusto Carlos Santi (La Plata) y Héctor Ricardo Martín (Trenque Lauquen).

Como suplentes aparecen Gonzalo Mario García Pérez Colman (San Isidro), Cayetano Povolo (San Isidro) y Carlos Ezequiel Garobbio (La Plata).
En el caso de los legisladores figura la senadora bahiense Diana Isabel Larraburu.

También su colega Jorge Alberto D’Onofrio (San Isidro) y los diputados Franco Agustín Caviglia (Almirante Brown), María Elena Torresi (Lomas de Zamora) y Ricardo Lissalde (Saladillo).

El lugar de los suplentes lo ocupan el diputado Jorge Alberto Solmi (Pergamino) y los senadores Rubén Gustavo Oliva (La Plata) y Nora Silvana De Lucía (La Plata), quien tendrá que ser remplazada por haber asumido recientemente la jefatura de la dirección de Escuelas.

Tres posibles alternativas

En la audiencia cuya fecha fijará De Lázzari el cuerpo resolverá lo que se denomina “toma de jurisdicción”.
Existen tres alternativas, según se informó desde la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.

La primera sería el archivo definitivo del caso; la segunda, el archivo con traslado de las actuaciones a la secretaría de Control de la Suprema Corte (por una eventual sanción menor) y la última, la apertura de la etapa de instrucción por 90 días, que podría desembocar en el juicio.

En todos los casos también cabe la posibilidad de que en caso de comprobarse en algún momento que la denuncia formulada por Fernández pudo haber estado teñida de parcialidad, incompetencia profesional o encono personal, esto pueda actuar como un búmeran y hasta desemboque en un pedido de juicio político en su contra.
Al respecto, mediante la difusión de un escrito, el juez Ares comunicó días atrás su intención de no volver a formular declaraciones públicas por este caso, hasta que el mismo no concluya.

El texto, girado días atrás al tribunal de enjuiciamiento y distribuido en distintos medios periodísticos, tilda de «disparatada» la denuncia formulada por Fernández.
También hace mención al fuerte apoyo y a las numerosas muestras de solidaridad que recibió desde distintos sectores y diferencia que, por el contrario, «el denunciante, doctor Juan Pablo Fernández, quien (…) iniciara una febril y nerviosa maratón mediática, profiriendo agravios hacia mi persona y exponiendo toda suerte de falsedades y chicanas, no contó con persona ni entidad alguna que lo apoyara, al menos públicamente, en la absurda persecución que emprendiera en mi contra».

Además, califica a la denuncia de Fernández como “temeraria y maliciosa” y la considera un “abuso del poder-deber” del Fiscal General en su afán de “satisfacer sus deseos de venganza”.

Finalmente, solicita que las costas del proceso sean solventadas por su denunciante y solícita se le aplique una multa de “diez sueldos mínimos, vitales y móviles”.

 

AL CIERRE:

Según Dámaso, su prima ya se “excusó”…

Como algunos observadores anticipaban que ocurriría, la senadora provincial Diana Larraburu se habría excusado de integrar el Tribunal que podría evaluar al juez bahiense José Luis Ares.
La noticia llegó en la madrugada del último martes, pocos minutos después de haber subido a esta página de internet (www.periodicoatico.com.ar) un breve anticipo de la nota que puede leerse en próxima edición impresa de ÁTICO y se refiere a tan espinosa cuestión.
El dato se conoció a través del siguiente “twitter” emitido por Dámaso Larraburu, primo, mentor y jefe político de la legisladora:

“@PeriodicoAtico, tal cual como lo señala Atico, los legisladores de la misma sección del Juez denunciado, se excusan, cosa que hizo DL ”.

Si bien aún no se pudo corroborar oficialmente la información, es posible suponer que, habiendo sido quien es el vocero de la novedad, la misma debe ser absolutamente veraz y como tal corresponde considerarla en procura de intentar un ejercicio objetivo del oficio periodístico.
No obstante, en procura de brindar a nuestros lectores un panorama completo sobre el hecho y, especialmente sus implicancias y significaciones, sirve reproducir a continuación la nota completa que motivó esta rápida respuesta, no de la senadora Diana Larraburu sino de Dámaso, presidente de la Liga del Sur.